CARACAS – Desde la sede de la Fiscalía General de la República, se presentó una denuncia formal ante el país y los medios de comunicación por la liberación irregular de Luis Aquiles Rojas Velázquez y Edgar Alexander Guzmán Granadino. Ambos sujetos, detenidos desde febrero de 2023, fueron beneficiados el pasado 10 de enero con una medida cautelar que contradice la gravedad de sus delitos.
Los señalados enfrentan cargos por terrorismo, sicariato y asociación para delinquir, tras el intento de asesinato contra el delegado de la Defensoría del Pueblo en Anzoátegui, Rafael Vega, su hermana Dalia Vega, y el dirigente sindical petrolero Juan Salazar.
Irregularidades procesales y burla a la Ley
Los denunciantes calificaron la medida como un «engaño» a los órganos de seguridad del Estado. Resaltaron que la liberación ocurrió en pleno juicio, sin sentencia absolutoria y violando flagrantemente la Ley de Amnistía (Art. 8, numeral 2), la cual excluye delitos de esta naturaleza de cualquier beneficio procesal.
»Son convictos y confesos con amplios prontuarios. Se les ha otorgado una libertad que no les corresponde, como si se tratara de presos políticos, mientras estaban listos para recibir una sentencia firme y ejemplarizante», declararon a las puertas del Ministerio Público.
El escándalo trasciende lo judicial: tras salir de prisión, ambos sujetos han sido reenganchados en PDVSA y, bajo el presunto apoyo de Will Rangel, se les ha entregado el control sindical de la industria petrolera.
Este hecho genera indignación ante el contraste con la realidad del Complejo Industrial “José Antonio Anzoátegui”: Mil
500 trabajadores honestos siguen fuera de nómina tras despidos injustificados impulsados por estos mismos sujetos.
Llevan años asistiendo a tribunales y movilizándose sin obtener justicia laboral.
Mientras los señalados por delitos graves ya tienen cargos sindicales, los trabajadores siguen en la calle esperando su reenganche.
Exigencias inmediatas al Estado:
Al Fiscal General de la República: Investigar de inmediato por qué se concedió este beneficio procesal que viola la ley y desestima la gravedad de los delitos imputados.
A la Sala Penal del TSJ y al Circuito Judicial de Caracas: Revisar las irregularidades que permitieron esta decisión, la cual constituye una burla a la seguridad del Estado.
A la Presidencia de PDVSA: Abrir una auditoría interna en las gerencias de Recursos Humanos y Relaciones Laborales para determinar responsabilidades en el reenganche de estos sujetos, mientras se mantiene el despido de cientos de obreros.
»No permitiremos que estos bandidos, protegidos por Will Rangel, sigan atropellando a los trabajadores y gerentes de la industria petrolera. Exigimos la revocación inmediata de la medida y justicia real para las víctimas», concluyeron.
